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El Gobierno de San Luis le pidió a la Justicia Federal que se ordene el levantamiento de los cortes


La Fiscalía Federal de Río Cuarto, provincia de Córdoba, recibió este miércoles una denuncia penal contra quienes “resultaren autores, coautores, cómplices, encubridores y/o instigadores de los cortes que vinculan a las provincias de San Luis y Córdoba”, puntualmente registrados sobre las rutas nacional Nº 7 y sobre la provincial Nº 30 (próximos a los ingresos de Justo Daract y La Punilla, respectivamente), impidiendo la libre circulación de bienes y personas, obstaculizando el comercio terrestre y el transporte interprovincial e internacional, interrumpiendo totalmente el paso por esas vías.

El planteo fue presentado por el fiscal de Estado provincial, Eduardo Allende, considerando lo expuesto en el artículo 194 del Código Penal: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”, aludiendo a la situación dada en las últimas horas, “en que se alude al impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra interjurisdiccionales, provocando un obstáculo insalvable para la libre circulación de bienes y personas, como así también para el comercio terrestre interprovincial e internacional”.

Puntualmente, lo solicitado se refiere a controlar la situación dada “en la ruta N° 30 de Córdoba y su continuación, Nº 1 de San Luis, que vinculan a las localidades de La Punilla en la provincia de San Luis y Achiras en la provincia de Córdoba, y posibilitar el transporte y comercio interprovincial, como así también el internacional, ya que dichas vías conectan con la ruta nacional N° 8 y el Corredor Bioceánico, constituido por la ruta nacional N° 7, que también se encuentra cortada en territorio cordobés, próximo a la provincia de San Luis. Asimismo, imposibilitan la salida y/o entrada de personas que debidamente autorizadas y cumpliendo los protocolos vigentes dictados en el marco de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 deben ingresar y/o egresar de la provincia para el cumplimiento de tareas y/o funciones esenciales, provocando de esa manera un grave perjuicio al interés general”.

“Esta actitud deliberada, premeditada e intencional tiene por clara finalidad provocar un caos social, infundiendo temor público en la población de la provincia de San Luis”, sostuvo el fiscal Allende, aludiendo a que “los denunciados harán un corte por tiempo indeterminado de modo de dejar aislada y desabastecida a la población, con el agravante del impedimento del traslado de las muestras de pacientes posiblemente enfermos, lo que constituye un evidente y gravísimo perjuicio para la salud pública”.

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